En las operaciones mineras del Perú, la gestión ambiental se ha convertido en un factor clave para garantizar la continuidad de los proyectos y evitar contingencias durante los procesos de fiscalización. Prevenir sanciones de OEFA no implica únicamente cumplir con la normativa vigente, sino asegurar que cada compromiso ambiental aprobado pueda ser demostrado mediante controles, registros y evidencias técnicas verificables.

Actualmente, la fiscalización ambiental minera considera diferentes aspectos de la operación, desde el cumplimiento de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) hasta la adecuada implementación de medidas de prevención, monitoreo y control. Por ello, las empresas mineras deben mantener una gestión preventiva que permita identificar posibles incumplimientos antes de que representen una observación o un procedimiento administrativo sancionador.

¿Cuál es la importancia de un acta de supervisión durante una fiscalización ambiental?

Uno de los documentos más relevantes dentro de una supervisión ambiental es el acta de supervisión, debido a que registra los hechos verificados durante la diligencia realizada por la autoridad fiscalizadora.

Durante una visita de supervisión, el acta puede incluir información relacionada con los componentes inspeccionados, los hechos constatados, los requerimientos de información efectuados y las incidencias identificadas durante la actividad de campo.

Algunas buenas prácticas antes de una supervisión incluyen:

Revisar que los compromisos del IGA estén correctamente implementados.
Verificar que los registros de monitoreo ambiental estén completos.
Confirmar que los equipos de control ambiental funcionen adecuadamente.
Mantener organizada la documentación técnica y operativa.
Capacitar al personal encargado de acompañar las inspecciones.

El nuevo estándar de fiscalización ambiental en minería

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), como entidad encargada de la fiscalización ambiental dentro del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), realiza acciones de supervisión para verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables.

Durante una supervisión pueden evaluarse aspectos como el cumplimiento de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA), medidas de prevención y mitigación, monitoreos ambientales, manejo de residuos, control de efluentes, emisiones y otros componentes relacionados con la operación minera.

Causas más comunes de observaciones e inicios de procedimientos sancionadores

La experiencia en campo demuestra que la mayoría de los hallazgos levantados durante las visitas de supervisión no se originan por una intención deliberada de incumplimiento, sino por desajustes operativos y falta de auditoría preventiva interna. Entre las causas más recurrentes se encuentran:

Discrepancia entre la operación y los instrumentos ambientales: Modificaciones operativas menores en tajos, plantas o botaderos que se ejecutaron en faena sin contar previamente con un informe sustentatorio o la modificación ambiental aprobada.
Superación de límites máximos permisibles (LMP): Desvíos en los parámetros químicos y físicos en los puntos de vertimiento final de efluentes minero-metalúrgicos o aguas de contacto.
Manejo deficiente de residuos y sustancias: Almacenamiento temporal de residuos peligrosos en áreas no autorizadas o sin los sistemas de contención secundaria exigidos por la norma.
Reportes extemporáneos o incompletos: Demoras en la presentación de los informes periódicos de monitoreo de agua, aire y suelo ante el sistema del fiscalizador.
Inadecuada gestión de contingencias: Falta de actualización de los planes de respuesta inmediata ante incidentes o demoras en la notificación formal de emergencias ambientales ante el regulador.

Monitoreo ambiental como herramienta preventiva

El monitoreo ambiental permite generar información técnica sobre el comportamiento de los componentes ambientales relacionados con una operación minera.

Los programas de monitoreo pueden incluir parámetros de agua, aire, suelo u otros componentes definidos en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado y en la normativa aplicable.

Una gestión preventiva requiere revisar la calidad de los datos obtenidos, mantener trazabilidad de resultados, conservar informes técnicos y analizar tendencias para identificar posibles desviaciones antes de una supervisión oficial.

Componentes prioritarios bajo la inspección del fiscalizador

Durante una supervisión en una unidad minera, la autoridad enfoca sus esfuerzos de verificación en aquellas infraestructuras donde el riesgo de impacto al medio ambiente es más crítico. Conocer estos puntos permite a las empresas concentrar sus auditorías de control interno de manera estratégica.

Depósitos de relaves y botaderos de desmonte

La estabilidad física y química de los depósitos de relaves es el componente de mayor escrutinio. Los inspectores constatan el estado de los diques de contención, los sistemas de subdrenaje, la instrumentación de monitoreo geotécnico y la existencia de planes de contingencia operativos ante cualquier indicio de inestabilidad o filtración.

Asimismo, en los botaderos de desmonte se verifica el manejo de aguas de escorrentía, el control de la acidez potencial y la construcción de canales de coronación para evitar que el agua de lluvia entre en contacto con el material reactivo.

Plantas de tratamiento y balance de aguas de contacto

El manejo de los recursos hídricos es el eje central de las sanciones ambientales. Se verifica que las aguas que entran en contacto con el mineral sean canalizadas hacia plantas de tratamiento y que ningún efluente sea descargado al entorno sin cumplir estrictamente con los estándares de calidad ambiental (ECA) y los límites fijados en la resolución de autorización.

El fiscalizador realiza tomas de muestras in situ en los puntos de control autorizados y en puntos no autorizados si sospecha de filtraciones o vertimientos clandestinos, contrastando los resultados de laboratorio con los límites legales vigentes.

Tajos abiertos y labores subterráneas

En las áreas de extracción, la supervisión se concentra en el manejo de las aguas de bombeo de mina, el control del polvo en las vías de acarreo mediante riego constante y el adecuado almacenamiento de insumos químicos, lubricantes y explosivos en polvorines y talleres de mantenimiento.

Trazabilidad de los compromisos en instrumentos ambientales

Cada compromiso asumido en un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), una Modificación de EIA (MEIA) o un Plan de Cierre de Minas constituye una obligación legal exigible. La falta de cumplimiento de un compromiso específico representa una infracción directa, independientemente de si se generó o no un daño comprobable en el entorno.

La mejor garantía frente a una fiscalización estatal no es la defensa posterior ante un procedimiento sancionador, sino la auditoría preventiva que identifica y corrige las brechas operativas antes de la llegada del fiscalizador.

Protocolo preventivo para auditar una unidad minera

Para fortalecer el cumplimiento ambiental y reducir riesgos derivados de posibles incumplimientos, las empresas mineras pueden implementar auditorías preventivas orientadas a identificar brechas entre las obligaciones aprobadas y las condiciones reales de operación.

Fase 1: Revisión documental y verificación de obligaciones ambientales

Esta etapa comprende el análisis de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) vigentes, resoluciones aprobatorias, compromisos ambientales, autorizaciones aplicables, programas de monitoreo y documentación técnica relacionada con la operación. El objetivo es comparar las obligaciones asumidas por la empresa con las actividades que actualmente se desarrollan en campo.

Fase 2: Inspección de componentes críticos de la operación

Consiste en realizar verificaciones en campo sobre aquellos componentes relevantes desde el punto de vista ambiental, como sistemas de tratamiento de aguas, puntos de monitoreo, depósitos de residuos, áreas de almacenamiento y otros componentes establecidos en el IGA aprobado. La evaluación debe considerar criterios de cumplimiento similares a los aplicados durante una supervisión ambiental.

Fase 3: Implementación de acciones correctivas

Los hallazgos identificados deben clasificarse según su nivel de riesgo y gestionarse mediante planes de acción con responsables, plazos y evidencias de cierre. Esta etapa permite corregir desviaciones operativas antes de que puedan generar observaciones durante una fiscalización.

Fase 4: Preparación para la atención de supervisiones ambientales

La empresa debe contar con personal responsable para acompañar las diligencias de supervisión, facilitar la información requerida y mantener organizada la documentación técnica. Asimismo, debe verificar que los hechos registrados en el acta de supervisión reflejen adecuadamente las condiciones observadas durante la visita.

Buenas prácticas para la gestión del acta de supervisión

El acta de supervisión levantada al término de una inspección es el documento fundamental sobre el cual la autoridad decide si archiva la investigación o da inicio a un procedimiento sancionador.

Para asegurar una adecuada gestión de este documento clave, se deben seguir estas recomendaciones:

Acompañamiento permanente: Durante todo el recorrido en faena, los representantes de la unidad minera deben acompañar a los inspectores, registrando las mismas fotografías, coordenadas y parámetros de campo.
Revisión minuciosa de las observaciones: Antes de firmar el acta, se debe leer detalladamente cada hecho constatado para evitar que se consignen apreciaciones subjetivas o inexactitudes sobre la operación.
Inclusión de precisiones en el acta: Si existe una discrepancia fundamentada sobre un hallazgo, la empresa tiene el derecho legal de dejar constancia de sus aclaraciones en la sección de observaciones del acta.
Respuesta inmediata en el plazo de ley: Si la autoridad emite un requerimiento de información o un informe de supervisión preliminar, los descargos deben remitirse dentro del plazo legal otorgado, adjuntando pruebas documentales, registros de monitoreo y las acciones de subsanación implementadas.

Conclusiones

La fiscalización ambiental en el sector minero no debe ser percibida como un obstáculo imprevisto para el negocio, sino como una variable de gestión que requiere anticipación, rigor normativo y conocimiento profundo del marco regulatorio peruano.

Las empresas que implementan auditorías preventivas periódicas y adecúan sus operaciones a los estándares del fiscalizador no solo blindan su patrimonio frente a multas millonarias, sino que aseguran la sostenibilidad de sus faenas y consolidan una relación transparente y sólida con las autoridades del Estado y las comunidades de su entorno.

Cómo prevenir sanciones de OEFA en operaciones mineras